Entre las instituciones más quejadas, la Oficina de Normalización Previsional (ONP)

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LIMA.- El décimo tercer informe anual de la Defensoría del Pueblo respecto a las gestiones realizadas en el año 2009, período en el cual recibió 117,673 solicitudes de atención, un 4.39% más que las recibidas el año anterior. Se presentó ante el Congreso de la República.
Entre las instituciones más quejadas, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) volvió a ocupar el primer lugar con 9,537 quejas, alrededor de tres mil más que en el período precedente, por situaciones relacionadas con la libre desafiliación y las solicitudes de jubilación.
Las otras cuatro instituciones más quejadas fueron las municipalidades provinciales, las direcciones regionales de Educación y de Salud, y la Policía Nacional del Perú (PNP).
En este último caso, la defensora dio a conocer que su institución supervisó 300 comisarías, en un 67% de las cuales se comprobó que no tenían acceso directo a las bases de datos del Reniec y de requisitorias, lo que dificultaba su labor; aparte de adolecer de déficit en su infraestructura y afrontar dificultades en torno a los derechos laborales.
De ahí que propusiera al Congreso la elaboración y aprobación de la Ley de la Carrera Policial, lo que permitiría atender mejor y asegurar los derechos del personal de esa importante institución nacional y contribuiría a seleccionar el personal idóneo que requiere para cumplir con sus funciones a favor de la seguridad ciudadana.
En el informe anual, que será reiterado ante el Pleno del Congreso en su próxima sesión ordinaria, la defensora se refirió a la labor de la Defensoría en la lucha contra la corrupción, destacando que ésta es percibida como la institución más confiable en esa tarea, según encuestas realizadas a nivel nacional.
En el tema relacionado con el derecho a la salud, Beatriz Merino detalló la supervisión emprendida por su institución en los hospitales dedicados a la salud mental, en los cuales se detectó un insuficiente número de psiquiatras, equipos obsoletos y escaso presupuesto para el tratamiento de los pacientes mentales, por lo cual sugirió al Congreso aprobar una ley que proteja los derechos de los usuarios de esos centros.
La defensora sintetizó la labor de la DP al señalar que el pasado año visitó 300 comunidades más alejadas y 80 hospitales de todo el país, a la vez que ha logrado capacitar y sensibilidad a 200 mil personas en temas de derechos humanos mediante 2,320 eventos (entre talleres, ferias, cursos, etc.), y llegado a 174 distritos más pobres del Perú mediante módulos itinerantes y comisiones defensoriales, entre otras acciones.